El pasado 5 de febrero se publicó en el BOE la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), medida que afecta muy directamente al sector del servicio doméstico, especialmente a aquellas empleadas de hogar que estén cobrando el SMI de 2019, que era de 900 € brutos al mes, dado que, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, ha pasado a ser de 950 €, es decir, se ha incrementado en un 5,6% en el caso de las trabajadoras a jornada completa. Para las empleadas de hogar que trabajan a tiempo parcial tendremos que aplicar un salario de 7,43 €/hora.

El SMI se calcula cada año teniendo en cuenta factores como el IPC y la media nacional de trabajo y productividad. El Gobierno lo anuncia mediante una publicación en el BOE. Siempre se computa únicamente por retribución de dinero; en ningún caso el salario percibido en especie puede dar lugar a una bajada en la cuantía.

Este aumento salarial implica para el empleador la obligación de hacer un cambio de retribución en la Seguridad Social, siempre y cuando se trate de contratos de más de 60 horas de trabajo al mes. Cuando el trabajador está empleado menos de ese tiempo, es él quien debe ocuparse de los trámites de afiliación e informar de las modificaciones, el cambio de retribución, las horas del trabajo e, incluso, darse de baja.

El hecho de no dar de alta a un trabajador puede dar lugar a que la familia empleadora se enfrente a sanciones de hasta 6.250 €. Desde nuestra agencia Ayuda Doméstica realizamos todas las gestiones y hacemos todos los cambios que sean necesarios para modificar los contratos y encajarlos en la legalidad vigente, tanto en lo referente a los cambios de retribución como a cualquier aspecto que sea preciso adaptar a la nueva norma en la Seguridad Social.

Una Encuesta de Población Activa (EPA) recientemente publicada ha puesto de manifiesto que 637.700 personas empleadas en el servicio doméstico son mujeres, es decir, el 96 % del total, y tan solo algo menos de las dos terceras partes, concretamente  420.288, están dadas de alta. La subida del SMI puede dar lugar a que las familias no puedan contratar el número de horas deseadas, lo que puede dar lugar a irregularidades que representan un riesgo evidente para los empleadores.

 

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